viernes, 31 de octubre de 2008

Traficantes amenazan selva de Honduras.


Empresas de Estados Unidos acusadas
En peligro 800.000 hectáreas de selva de Honduras

Brus Laguna, Honduras — En su oficina a medio construir en una choza de madera, Snyder Paisano, uno de los seis técnicos forestales que protegen las 800,000 hectáreas de la Biosfera de Río Plátano, en la selva hondureña, enumera sus recursos para combatir a los traficantes ilegales de madera: dos mesas, dos sillas, una lancha con un motor roto y una computadora sin baterías.
“Me siento mal y he expresado ese sentir a mis jefes”, asegura Paisano, un indígena misquito de 35 años, originario del pueblo de Brus Laguna, en el noreste de Honduras.
Pocos días antes, el presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, había visitado ese pueblo para inaugurar un canal. Paisano y los líderes indígenas le habían escrito una carta pidiéndole ayuda para frenar la destrucción ecológica, pero Zelaya se fue poco después de posar para los periodistas de la capital, y nunca pudieron darle la carta.
Paisano y los líderes indígenas explican que durante los últimos cuatro años han visto florecer con impotencia el tráfico ilegal de madera de caoba y el narcotráfico, que están acabando con el mayor reducto de bosques tropicales de Centroamérica, considerado Patrimonio Mundial de la Unesco y donde viven más de 40,000 indígenas.
Aunque el nuevo gobierno de Zelaya despachó el año pasado a 100 militares a la Biosfera para ayudar en tareas de control, la presencia institucional es insuficiente, aseguran.
“Aquí estoy yo y cuatro militares, que colaboran, pero poco”, dice Paisano.
Desde 1996, UNESCO mantiene la Biosfera en su lista de lugares “amenazados”. Un estudio de 1999, encargado por el Congreso, indicó que la Zona de Amortiguamiento de 200,000 hectáreas, que envuelve y protege la Zona Núcleo, donde no se permite la presencia humana porque allí habitan las especies más valiosas, estaba totalmente talada y quemada.
Delbert Bendles, uno de los líderes misquitos que escribió a Zelaya, asegura que los taladores ilegales han entrado en la Zona Núcleo: “Entran por todos lados, por el núcleo incluso, es un ir y venir constante”.
Das Gerson, el técnico forestal de Palacios, una localidad cercana a Brus Laguna, que linda con el valle de Sico-Paulaya, una de las principales rutas del tráfico de madera, recuerda que cuando llegó el año pasado a dicha oficina había “un vigilante y una aseadora”. “Como no había nadie, la gente cortaba sin importarle nada”, explica.
Gerson dice que la situación de Biosfera “es crítica”, pero es poco lo él puede hacer. En una región donde alquilar una avioneta para sobrevolar la selva cuesta unos $150 la hora, el técnico cuenta con un presupuesto mensual de unos $50, que muchas veces no le da ni para cubrir la comida en una inspección.
“Allí donde voy, debo la vida”, afirma. “Llego a una comunidad, y como no tengo dinero para comer, tengo que regresarme porque la gente no me conoce y no me fía”.
Enrique Flores, el ministro asesor de la Presidencia, asegura que el gobierno ha destinado durante los últimos dos años unos $5.3 millones anuales para la protección de los bosques, “una de nuestras prioridades”, pero los fiscales de Medio Ambiente dicen que sufren también la falta de recursos, con el agravante de que deben llevar escolta en las inspecciones porque son amenazados por los traficantes de madera.
eva.sanchis@eldiariony.com

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